CONFLICTO CON SHELL Y MALA GESTIÓN ENERGÉTICA ALEJAN INVERSIONES Y COSTARÍAN MILLONES
Una nueva demanda internacional enciende las alarmas, la gigante energética Shell reclama al país, millones de dólares por una disputa que expone la situación crítica del sector hidrocarburífero, ahuyentando inversiones y podría forzar al país a importar energía masivamente en menos de una década, según alerta exministro.
La Paz 21 de agosto de 2025 (Cepra).- Shell, multinacional energética anglo-neerlandesa considerada una de las potencia petrolera del sector y entre las empresas más grandes del mundo, demandó formalmente al Estado boliviano. Tras conocerse este hecho, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos explicó en una entrevista con Radio Cepra que el conflicto se relaciona con procesos de nacionalización, apropiación de producción, pagos pendientes y problemas con la justicia boliviana. Según Ríos, Shell exige unos 70 millones de dólares. De no alcanzarse un acuerdo, el caso podría derivar en un arbitraje internacional, lo que implicaría mayores costos para el Estado.
Ríos calificó la situación como resultado del “pésimo manejo del sector energético boliviano”, que no solo provocó la falta de reposición de reservas, sino también un menor abastecimiento interno, la pérdida de mercados de exportación y conflictos con empresas potencialmente interesadas en invertir en el país. Aclaró que la disputa con Shell no es aislada y que probablemente se extienda a otras compañías. Advirtió que, sin inversiones en hidrocarburos, Bolivia deberá incrementar la importación de diésel, gasolina y GLP en los próximos años.
El exministro señaló que, aunque varios candidatos proponen una nueva Ley de Hidrocarburos, esta solo será viable si se generan condiciones adecuadas para atraer inversiones. No obstante, enfatizó que, mientras no se resuelvan las disputas con empresas como Shell, será difícil captar nuevos capitales.
Alertó que, de no tomarse medidas, hacia 2029 o 2030 el país podría verse obligado a importar energía por valor de unos 6.000 millones de dólares anuales, lo que representaría una carga económica severa. Por ello, consideró prudente que el actual gobierno busque soluciones al conflicto antes de la transición, para que el próximo gobierno encuentre un escenario más favorable para negociar y atraer inversiones.
